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¿QUÉ PASA EN EL MUNDO?

06 Oct

DIMISIÓN MUY BENEFICIOSA

Dimisión Gallardón

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ingresó el 25 de septiembre en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid dos días después de que dimitiera de su cargo al no haber podido llevar adelante la reforma de la ley del aborto. La página web del Consejo incluye al exministro como consejero permanente junto a Joaquín Leguina, ambos expresidentes de la Comunidad de Madrid.

La ley 6/2007 de 21 de diciembre reguladora de este órgano consultivo establece que los expresidentes de la Comunidad de Madrid serán consejeros permanentes de carácter vitalicio, condición que pueden solicitar en cualquier momento.

Como consejero permanente, Ruiz-Gallardón percibirá la misma retribución prevista para los consejeros del Gobierno regional, y además la Comunidad de Madrid le proporcionará “el apoyo personal y los medios materiales que necesite para el desarrollo de sus funciones representativas”, según el reglamento del Consejo. Según UPyD, el Consejo Consultivo cuesta actualmente al ciudadano 4,3 millones al año De acuerdo con UPyD, la retribución es de 8.500 euros brutos mensuales (5.500 euros netos), una cifra que ha criticado el portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, asegurando que el exministro “tiene más suerte que millones de parados y aspirantes a mileurista de este país: no está ni un día en el paro y ya le dan un sueldo millonario”.

Como miembro del Consejo Ruiz-Gallardón deberá asistir a sus reuniones, que en 2013 fueron 67: 21 en Pleno y 46 en Comisión Permanente. Suelen ser una a la semana, normalmente los miércoles, según apunta El Confidencial. El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es un órgano autónomo al que recurre el Gobierno regional y sus entidades dependientes para consultar los proyectos de decretos legislativos o los anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía. También pueden hacer consultas alcaldes o rectores de las universidades públicas. Durante todo 2013 el Consejo recibió un total de 682 consultas. Está formado por diez miembros: el presidente, Ignacio Astarloa, dos consejeros permanentes, Leguina y Ruiz-Gallardón, seis consejeros electos y un secretario general.

Artículo de Gonzalo Suárez

Cuando era presidente de Cantabria, los asesores de Miguel Ángel Revilla solían martillearle con dos propuestas: que creara un canal autonómico y un consejo consultivo. La televisión le ayudaría a ganar las elecciones, mientras que el consejo le ofrecería una salida digna si las perdía. Pero tanta matraca indignaba al cántabro: “¡Por encima de mi cadáver! ¡Eso son mamandurrias inútiles!”.

Revilla fue el único presidente regional que no sucumbió a la tentación del consejito. Las otras 16 autonomías acabaron creando un órgano a imagen del Consejo de Estado. Así surgió una nueva capa de burocracia en la España del ladrillazo. Y, de paso, se construyó un utilísimo cementerio de políticos amortizados.

El último beneficiario de este sistema ha sido Alberto Ruiz-Gallardón. Tras su dimisión, ganará más como consejero consultivo de Madrid (87.440 euros al año) que como ministro de Justicia (68.981), además gozar de secretaria, despacho y coche oficial. A cambio, sólo tendrá que ofrecer su asesoramiento en el pleno semanal del miniconsejo madrileño.

Su caso no es, ni de lejos, el único. Crónica ha diseccionado los presupuestos, memorias y documentos de trabajo de los 17 consejitos autonómicos (en Cataluña hay dos). La conclusión es triple: estos organismos son caros, su composición está politizada y la utilidad de su labor resulta más que dudosa.

Los 17 miniconsejos costarán 30.510.256 euros en 2014. La cuarta parte se destinará a remunerar a sus 141 altos cargos, de los que 85 tienen sueldo fijo, de 71.969 euros de media. Es decir, más que un ministro, pero con una responsabilidad infinitamente menor.

La politización salta a la vista. En teoría, los consejeros deben ser juristas de prestigio, pero en los organigramas aparecen decenas de políticos en retirada. Por ejemplo, hay 10 ex presidentes autonómicos, incluidos Gallardón y Rafael Escuredo, que este martes fue nombrado consejero electivo en Andalucía, con un sueldo anual de 62.800,44 euros.

Y, para colmo, su utilidad resulta escasa. Las funciones de los consejitos se solapan con las del Consejo de Estado. Tanto es así que el Gobierno analizó su posible eliminación en un informe sobre duplicidades administrativas de 2013. Pero aquella idea quedó en nada.

Un caso paradigmático es el Consell Jurídic Consultiu de Valencia. Allí cuentan con un consejero de lujo: Francisco Camps, dimitido por el caso de los trajes. Pese a que no tiene horario fijo, ganó más en 2013 que su sucesor en la presidencia de la Generalitat: ingresó 52.172 euros netos frente a los 50.513 de Alberto Fabra. Y todo esto de forma vitalicia.

-¿Cómo se explica que Camps gane más que un presidente en ejercicio?

-Mi opinión es que ambos sueldos son bajísimos, irrisorios… Ganamos muy poco para las responsabilidades que asumimos-, responde Vicente Garrido, presidente del Consell.

No es extraño que Garrido defienda tanto a Camps, un viejo amigo suyo que le puso al frente del Consell Consultiu en 2003. Posteriormente, Garrido dirigió la tesis doctoral del ex president valenciano. Y, en plena polémica por los trajes de la Gürtel, le apoyó públicamente con inusitada contundencia: «A un inocente no se le puede condenar», proclamó.

-¿Entiende que a la gente le rechine que Francisco Camps nombre a un amigo suyo como presidente del Consell?

-No. Quien piense que mi amistad con Camps me ha mediatizado se equivoca. Y en todas las CCAA se dan cargos importantes a gente de confianza. No van a nombrar a gente a la que no conocen de nada…

El origen de los consejitos se remonta a 1981, cuando Cataluña montó el suyo. Tres años después, Canarias se apuntó a la moda. Y, poco a poco, fueron cayendo todas las demás, salvo Cantabria. La última incorporación fue Madrid en 2007.

No todos los miniconsejos funcionan igual. Algunos, como el navarro o el riojano, cuentan con organigramas menos politizados. Otros, como el aragonés o el balear, manejan presupuestos austeros. También los hay donde los consejeros trabajan a destajo. Pero nadie se encarga de controlar unas instituciones que proliferaron al calor del boom de la pasada década.

Entre los partidarios de los consejitos está Pedro Sabando, ex presidente del Partido Socialista de Madrid. Según él, el Consejo Consultivo madrileño se creó a propuesta del Consejo de Estado, que ansiaba descargarse de trabajo. Hoy, el organismo no sólo da su opinión -no vinculante- sobre decretos legislativos autonómicos: también se pronuncia sobre cientos de peticiones de responsabilidad patrimonial de ciudadanos que piden una indemnización por un maltrato sanitario, por un tropezón en una calle mal adoquinada…

Sabando niega que el Consejo sea «un balneario». Dice que trabaja «cuatro o cinco» horas cada mañana, además de algunas tardes. A cambio, cobra 8.500 euros brutos al mes y tiene secretaria personal y coche oficial, aunque él ha renunciado al suyo.

-¿Se merece el dinero que gana?

-Sí. Sin nosotros, el Consejo de Estado se colapsaría. Además, ahorramos mucho dinero al desestimar cientos de peticiones de indemnización. Unos 70.000 euros a la semana.

-¿No hay gente que no haya pertenecido a partidos políticos que pueda hacer esta labor?

-Haber militado en un partido no es un motivo de condena, sino de reconocimiento.

Al Gobierno central no le terminan de convencer de estos argumentos. En su informe sobre duplicidades, señaló a los consejitos como instituciones potencialmente prescindibles. Pero eliminarlos no es tan sencillo: con el paso de los años, su existencia ha quedado consagrada en los estatutos de autonomía, que tendrían que reformarse previamente.

Sin embargo, hay dos pruebas de que las autonomías podrían sobrevivir sin sus miniconsejos. La primera, que comunidades como Madrid no los crearon hasta hace apenas un lustro. La otra, que Cantabria nunca ha tenido uno: se limita a elevar una treintena de peticiones al Consejo de Estado cada año.

«Son un carísimo cementerio de elefantes», dice Luis de Velasco, portavoz de UPyD en Madrid, que ha exigido en repetidas ocasiones su eliminación. «Sus funciones podría asumirlas el Consejo de Estado. Pero los partidos prefieren colocar a los suyos».

En Madrid, por ejemplo, hay dos ex presidentes de la Comunidad, un ex secretario de Estado de Seguridad, un ex subsecretario de Educación, un ex consejero autonómico, una ex directora general de Justicia regional… y hasta la ex mujer de un ex consejero de Sanidad.

Pero no es una excepción. En todos los miniconsejos hay dedazos, incluido el de Castilla-La Mancha, donde encontramos a José Sanroma Aldea, alias camarada Intxausti. El ex secretario general de la maoísta Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) saltó al PSOE en 1990 y, de ahí, al consejito manchego. Hoy cobra unos 50.000 euros al año por su labor.

Quizá eliminar los miniconsejos sea imposible. Pero sí se puede recortar el dispendio: el aragonés, por ejemplo, sólo cuesta 323.404 euros, apenas 24 céntimos por ciudadano. Allí los consejeros sólo cobran dietas: 255 euros por reunión y un máximo de 1.100 por dictamen. «Pero otras comunidades no quieren recortar», se lamenta Revilla. «¡Y luego se quejan de que la gente vote a Podemos!».

Fuentes: 20minutos.es y

http://www.msn.com/es-es/noticias/espana/gallard%C3%B3n-y-el-disparate-de-los-17-consejitos-de-estado/ar-BB7zOtC

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Publicado por en octubre 6, 2014 en NOTICIAS

 

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